A casi cinco años de la entrega del Informe Final de la Comisión de la Verdad y Reconciliación, el país que se desangró durante dos décadas nos sigue hablando, esta vez, desde las fosas, pero también desde la indiferencia. 

Desde hace varias semanas, el Equipo Peruano de Antropología Forense, en apoyo de la labor del Ministerio Público y el Instituto de Medicina Legal, viene practicando las exhumaciones de la mayor fosa común encontrada en el país, ubicada en la localidad de Putis, en la provincia de Huamanga (Ayacucho).  Hasta el día de hoy, se han  identificado a 123 víctimas y se calcula que se podrían encontrar los restos de 400 personas. Los fallecidos fueron asesinados por miembros del Ejército Peruano en 1984. 

Ver en los reportajes periodísticos que se han hecho sobre el tema los rostros de los familiares de las víctimas me hace recordar cuanto nos hace falta en el Perú por acercarnos y entender ciertos tipos de dolor. Hijos, padres, hermanos, esposos de los que no se tuvo noticia por años, o de los que se sabía que estaban enterrados todos juntos, mezclados, sin un lugar digno donde darles sepultura, donde procesar el duelo, el dolor, la injusticia.  

Recuerdo cuando, en pleno trabajo de la CVR, los comisionados fueron a Lucanamarca a darle sepultura a los muertos de una de las mayores masacres de Sendero Luminoso, junto al Presidente Toledo. Creo que fue la primera vez que pude ver a personas de Lima acercarse al dolor de nuestro pueblo con la solidaridad y reconocimiento de que son ciudadanos iguales que nosotros. 

El conflicto nos afectó a todos. Y hoy comparto por primera vez en público dos experiencias cercanas, las más cercanas que tuve durante el conflicto. La primera tiene que ver con uno de mis tíos más queridos, oficial de la Policía de alto grado durante la década de los ochenta, a quien, por supuesto, los senderistas llamaban a amenazarlo. Su hijo, mi primo, quien sufría de una discapacidad mental, contestó varias de las llamadas y ello hizo que su recuperación fuera sustancialmente menor a la que hubiese tenido en otro tipo de contexto. Hoy, mi tío, jubilado de la Policía, sigue trabajando como catedrático en cuatro universidades para seguir pagando el tratamiento de mi primo. 

La segunda experiencia se desarrolló durante la crisis de los rehenes de la residencia del Embajador del Japón. La esposa del honesto magistrado Carlos Giusti le pidió a mi mamá – con quien trabajaba – que le ayudara a imprimir unas pancartas a favor de una salida pacífica para el drama que se vivía en San Isidro. Mi madre no solo le imprimió las pancartas, sino que la reconfortó todos los días que se veían en la oficina. Iris de Giusti presentía que su esposo no regresaría a casa si es que había una incursión militar. El día del velorio, mis papás estuvieron allí y se fueron en el momento en que llegó quien dio la orden de hacer dicho operativo que, siendo un éxito militar y salvando la vida de la mayor parte de cautivos, costó la vida de 17 personas. 

Por ello, cuando escribo algo sobre la guerra interna y me dicen que no entiendo nada, por defender los derechos humanos, por condenar la insanía senderista y emerretista al igual que los crímenes cometidos por agentes del Estado, por decir que las amnistías y los indultos no tienen cabida, siento parte de la soledad que puede tener una persona que perdió a alguien en ese conflicto. Porque parece que nos acordamos de nuestros militares y policías caídos solo para decir que no procesen a nadie. Porque se habla en nombre de las víctimas del terrorismo para justificar excesos. Porque nos hemos demorado en reparar a todos y sentir que somos parte del mismo país. De ello, en realidad, se trata la reconciliación. 

En el fondo, se repite aquello que dijo la Comisión de la Verdad y Reconciliación en su Informe Final: la tragedia que sufrieron las poblaciones del Perú rural, andino y selvático, quechua y asháninka, campesino, pobre y poco educado, no fue sentida ni asumida como propia por el resto del país. Y seguimos sin asumirla mientras el General Donayre y el diario La Razón hablan de costos de la guerra, mientras Abimael Guzmán no se arrepiente de nada a pesar de purgar prisión perpetua, mientras se sigue tratando de ilusos o traficantes de cadáveres a quienes hacen algo por defender los derechos humanos. 

¿Cuándo será el día que dejemos de hablar de “sus” muertos y hablemos de nuestros muertos?