Se acaba el tiempo. Y los esfuerzos de llegar a un acuerdo se vuelven inútiles. El clima en el Mercado Mayorista de Santa Anita es tenso y nublado. El terreno propiedad de la Empresa Municipal de Mercados S.A., EMMSA, invadido el 14 de noviembre de 2002 y en proceso judicial desde febrero de 2003, ha sido el centro del escándalo, más que de la noticia durante ya más de una semana.

Y el escándalo es precisamente porque además de negarse a abandonar el terreno, los comerciantes están atrincherados con sus hijos como escudos humanos. Este último es el motivo por el cual la Defensoría del Pueblo se niega participar como mediadora, puesto que luego de una reunión sostenida ayer por la tarde, los comerciantes negaron estar usando a sus hijos, pero también se negaron a “separar a los niños de sus padres”. 

Mientras el teniente alcalde de Lima declaró a El Comercio que la fecha de la ejecución de la sentencia para el retiro de los comerciantes del mercado mayorista se mantendrá en reserva para evitar mayores actos de violencia, los comerciantes insisten en no deponer la medida de fuerza. Lo más triste es que los invasores recalcan que no se harán responsable de los que suceda con los niños.

Argumentos 

El abogado Hans Callasa argumenta que la orden judicial de desalojo fue dictada contra algunos comerciantes encabezados por el ex dirigente Herminio Porras y no contra la asociación, por lo que los comerciantes justifican y la de sus hijos, aludiendo que los niños se encuentran ahí, “no atrincherados, sino en una guardería”. 

El municipio, por su lado, sostiene que la ejecución del desalojo es contra los sentenciados y todas aquellas personas que ocupen ilegalmente el inmueble, según la ley. Por ello, han solicitado al Poder Judicial definir fecha y hora para el desalojo, lo que tiene que ser resuelto pronto por el titular del 31o Juzgado en lo Penal de Lima, Carlos Morales Córdoba, a cargo del proceso.

Tanto el alcalde de Lima, Luis Castañeda, como el presidente García, han condenado la permanencia de los niños en el recinto. El primer mandatario hizo un llamado a llegar a una solución pacífica, como personas civilizadas. La defensora del Pueblo, Beatriz Merino, calificó de “inaceptable, inmoral e inhumano” que los comerciantes pongan a sus hijos como “escudos humanos”, dejando en claro el motivo que condiciona su intervención. 

Castañeda Lossio recomendó a los comerciantes que han sido estafados por Herminio Porras y su gente, pues los puestos del futuro Mercado Mayorista de Lima serán concesionados. Aunque también dejó bien en claro que la prioridad la tendrán los comerciantes del Mercado de La Parada (La Victoria).